Culiacán, Sinaloa.— La diputada Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, afirmó que el proceso de declaración de procedencia en contra del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local Genaro García Castro, se desarrolla con estricto apego al debido proceso y pleno respeto a los derechos de defensa de los involucrados.
Guerra Ochoa subrayó que el Congreso no actúa como juez ni como parte acusadora, sino como una instancia responsable de garantizar que se sigan los cauces legales establecidos. “El Congreso no juzga ni acusa, simplemente permite que un servidor público pueda o no ser procesado conforme a derecho”, aclaró.
En este contexto, la legisladora morenista reiteró su compromiso con los principios de legalidad, transparencia y combate a la corrupción en la función pública.
“Como servidora pública, puedo decir que he sido, sobre todo, una mujer de convicciones. Más allá del tema de emociones, lo que tengo es una convicción clara: las y los servidores públicos estamos obligados a actuar respetando la ley. He sido también muy contundente en eso: el combate a la corrupción. El tema de la transparencia, el tema de la legalidad, está por encima de cualquier convicción”, declaró.
El procedimiento legislativo se originó tras una solicitud de declaración de procedencia por presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas en el municipio de Ahome, por un monto estimado de 176 millones de pesos, cuando Genaro García Castro se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento y Gerardo Vargas como alcalde.
La Jucopo reiteró que el caso continuará conforme a los tiempos y mecanismos legales, sin presiones externas y con plena observancia de los derechos constitucionales de las partes involucradas.